La agresión se produjo cuando intervino ante una agresión a dos mujeres. “Está vivo porque Dios no quiso llevárselo”, dijo comandante del sistema.

En comunicado el Consejo Superior de la Judicatura, informo a la opinión pública, que en primera instancia el Juez Constitucional de Garantías obro de acuerdo a su competencia, ya que la Fiscalía General de la Nación, como cabeza principal de la acción penal, presento en audiencia preliminar de imputación el delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO, sin solicitud de medida de aseguramiento por lo cual los capturados de estos graves hechos presentados en el sistema de transporte masivo Transmilenio quedaron en libertad.

En esta oportunidad se debe agradecer a la ciudadanía en general, que por medio de las redes sociales dieron a conocer la injusta y errada decisión que tomara en su momento el delegado fiscal asignado al caso, causando un efecto inmediato en la Dirección de la Fiscalía General de la Nación, que relevo del cargo a su funcionario asignado y de acuerdo a las ultimas noticias conocidas entrego el expediente a un fiscal especializado de la ciudad de Bogotá.

Como reflexión debemos decir que el sistema jurídico de nuestra Nación, presenta graves falencias al momento de sancionar los hechos de violencia que son víctimas los miembros de la Fuerza Pública, ya que las imputaciones se vienen realizando por el delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO, sin ningún tipo de agravante y aunque el mismo se puede configurar, para el caso que hoy analizamos existe una clara tentativa de homicidio, y dicha situación no se debe alejar de la realidad por el solo hecho que la acción recaiga sobre un miembro de la Policía Nacional. El actuar de la Justicia se debe enmarcar en el respeto por los derechos de todos los ciudadanos, máxime los que velan por nuestra seguridad, convivencia y paz, y lo más importante, el respeto a la institución del orden es sagrado, y así lo debemos entender todos los ciudadanos, por lo que demandamos acciones ejemplares de castigo para que estos hechos no queden impunes.

DIEGO FERNANDO TAUTIVA OYUELA

ABOGADO

DOCTORANDO EN DERECHO PUBLICO UNMDP